viernes, 27 de julio de 2012


Una Vez Más Insistimos: “La Paz brotará de la Justicia” (Is 32).

Nosotros, los agentes de Pastoral Mapuche, reunidos en la parroquia de Ercilla, vemos con preocupación los hechos de violencia que están afectando la vida y la dignidad de mapuches y no mapuches en sectores de Bio Bio y Araucanía.  Lamentamos particularmente  ver a niños mapuche, seriamente heridos en su integridad física y sicológica por fuerzas de carabineros.     

Nuevamente vemos a un gobierno que, sin tomar en cuenta el legítimo derecho del pueblo mapuche de participar en la toma de decisiones que les afectan –derecho establecido por la firma del Convenio 169-, decide implementar más acciones de carácter policial en vez de buscar caminos de diálogo y reconocimiento.

Vemos una “Cumbre de Seguridad” mostrando al pueblo mapuche como un peligro y a un sólo sector como víctima, en vez de invitar a una “Cumbre de Paz” con todos los actores involucrados y con todos los que han sufrido históricamente la violencia. 

Declaramos:
1.       “Si no se asume como país los antecedentes históricos que los han originado”, difícilmente tendrá solución la situación de conflicto en que nos encontramos” (Carta de los Obispos del Sur, 2001).
2.       La enajenación y despojo de las tierras mapuche es la causa del sufrimiento y de dolor tanto de los mapuche y no mapuche que se ven involucrados en las actuales situaciones de conflicto.
3.       No justificamos la violencia como camino para exigir la restitución de derechos o reivindicaciones territoriales.  El derecho debe ser exigido respetándolo.  Así mismo consideramos gravísima la violencia que carabineros está ejerciendo sobre comunidades mapuche pasando a llevar a hombres y mujeres, niños y niñas y adultos mayores que han resultado seriamente heridos. 

Proponemos:
1.       Retomar con suma urgencia el diálogo fracturado con todas las comunidades y organizaciones, especialmente las afectadas por continuos hostigamientos y allanamientos policiales.
2.       Acelerar la entrega de tierras comprometidas por el Estado de Chile.
3.       Comprometer la aplicación real de Areas de Desarrollo Indígena según las exigencias del Convenio 169 respecto del derecho a consulta y a la participación política efectiva en la toma de decisión.
4.       Invitamos a todos a des-armarnos y renunciar a la violencia que sólo generará más dolor, a disponernos al diálogo y recuperar las confianzas heridas.  A disponernos como país a acordar conjuntamente las acciones de reparación que hagan posible el derecho y la paz.

Con la esperanza puesta en Cristo, confiamos en que todos contribuiremos a renovar el camino del diálogo, de la justicia y de la paz.

Desde Ercilla, Equipo de Pastoral Mapuche Temuco, Concepción y Santiago.  Julio 26, 2012.

P. Giglio Linfati, Fundación Instituto Indígena
P. Francisco Millan, Párroco Ercilla
P. Hernán Llancaleo, Coordinar Pastoral Mapuche Concepción
P. Oscar Gutiérrez, Párroco Ralco, Alto Bio Bio
Hna. Audina Huenumilla, Pastoral Mapuche Catequistas de Boroa
Srta. Verónica Pérez, Secretaria Ejecutiva Pastoral Mapuche Santiago
P. Fernando Díaz, svd., Coordinador Justicia y Paz, Congregación Verbo Divino
P. Luis Rodriguez, svd., Pastoral Mapuche Verbo Divino
P. Carlos Bresciani, sj., Responsable Misión Mapuche –Jesuitas Tirúa
P. Pablo Castro, sj., Superior Comunidad Jesuita Concepción


martes, 10 de julio de 2012

Quisieramos compartir la ultima declaración del Observatorio Ciudadano en torno a la violencia que se está produciendo en Ercilla. Me adhiero a esta declaración.




Declaración Pública

Ante los recientes hechos de violencia ocurridos en sectores rurales de la Araucanía


El Observatorio Ciudadano, como organismo de promoción, investigación y defensa de derechos humanos, se hace un deber en señalar lo siguiente:

1.- Manifestamos nuestra preocupación y condenamos categóricamente los hechos de fuerza que afectaran a familias rurales de la región, cualquiera sean sus responsables, en particular aquellos en los que se ha utilizado armas de fuego que ponen en peligro la vida y la integridad física y síquica de las personas.

2.- Señalamos, como lo hemos hecho en el pasado, que tales hechos delictivos deben ser investigados por la justicia, y sus responsables sancionados de acuerdo a derecho.

3.- Condenamos la imputación que directa o indirectamente hacen autoridades de gobierno y parlamentarios, como el diputado Moreira, y los medios de comunicación, incluyendo TVN, hacia organizaciones o personas mapuche. Ello, al identificarlos como sus autores, o al relacionarlos automáticamente con el llamado “conflicto mapuche”. Tales imputaciones son demostrativas de un evidente prejuicio y de una discriminación inaceptable en contra del pueblo mapuche, toda vez que no existen antecedentes que permitan establecer fehacientemente su autoría. Consideramos, por tanto, que tales imputaciones en nada contribuyen a mejorar la convivencia interétnica en esta parte del país.

4.- Manifestamos asimismo nuestra profunda preocupación por las declaraciones vertidas por el Ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien manifestó su “comprensión” respecto de la decisión de los parceleros de Malleco de armarse para defender sus tierras ante posibles atentados incendiarios que les afecten. Dicha afirmación constituye un llamado a la autotutela, la cual viola abiertamente el Estado de Derecho, por cuanto de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno el único que posee el uso monopólico de la fuerza para mantener la paz social es el Estado.

5.- Nos preocupan igualmente las declaraciones del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien si bien ha señalado que en una sociedad democrática corresponde al Estado resguardar la integridad física y síquica de las personas, y éste tiene el monopolio de la fuerza, justifica en situaciones excepcionales, como cuando alguien se ve apremiado y el auxilio del Estado no puede llevarse a cabo, que las personas puedan ejercer la autodefensa. Al respecto cabe precisar que si bien la legítima defensa es un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico chileno, ésta tiene, entre otros límites, el que ella sea proporcional a la agresión, y el que se ejerza para defender bienes jurídicos como la vida y la integridad física, y no otros, como la propiedad.

6.- Condenamos categóricamente, a su vez, los dichos irresponsables del diputado Moreira, al sostener que detrás de estos hechos de violencia hay coordinadoras políticas financiadas por ONG´s internacionales. Instado al diputado Moreira a hacer públicos los antecedentes de que dispone y que vincularían a ONG´s internacionales a estos hechos, y si no los tiene, a retractarse de los mismos.

7.- Consideramos, finalmente, que la superación del contexto de violencia existente en la Araucanía y que los últimos hechos evidencian requiere no solo de la investigación y sanción de hechos de fuerza constitutivos de delitos por parte de los órganos de justicia, sino también, y sobre todo, de políticas conducentes a resolver los conflictos por tierras históricos que persisten hasta hoy en esta parte del país. Para ello, es fundamental que el Estado chileno redoble sus esfuerzos en la materia, hasta ahora evidentemente insuficientes, teniendo para ello presente y dando cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, e impulsando políticas efectivas, y en consulta en este caso con el pueblo mapuche, para darles una solución duradera.

Observatorio Ciudadano
Temuco, 4 de julio de 2012.