Declaración
Pública
Ante
los recientes hechos de violencia ocurridos en sectores rurales de la
Araucanía
El
Observatorio Ciudadano, como organismo de promoción, investigación y defensa de
derechos humanos, se hace un deber en señalar lo siguiente:
1.-
Manifestamos nuestra preocupación y condenamos categóricamente los hechos de
fuerza que afectaran a familias rurales de la región, cualquiera sean sus
responsables, en particular aquellos en los que se ha utilizado armas de fuego
que ponen en peligro la vida y la integridad física y síquica de las
personas.
2.-
Señalamos, como lo hemos hecho en el pasado, que tales hechos delictivos deben
ser investigados por la justicia, y sus responsables sancionados de acuerdo a
derecho.
3.-
Condenamos la imputación que directa o indirectamente hacen autoridades de
gobierno y parlamentarios, como el diputado Moreira, y los medios de
comunicación, incluyendo TVN, hacia organizaciones o personas mapuche. Ello, al
identificarlos como sus autores, o al relacionarlos automáticamente con el
llamado “conflicto mapuche”. Tales imputaciones son demostrativas de un
evidente prejuicio y de una discriminación inaceptable en contra del pueblo
mapuche, toda vez que no existen antecedentes que permitan establecer
fehacientemente su autoría. Consideramos, por tanto, que tales imputaciones en
nada contribuyen a mejorar la convivencia interétnica en esta parte del
país.
4.-
Manifestamos asimismo nuestra profunda preocupación por las declaraciones
vertidas por el Ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien manifestó su
“comprensión” respecto de la decisión de los parceleros de Malleco de armarse
para defender sus tierras ante posibles atentados incendiarios que les afecten.
Dicha afirmación constituye un llamado a la autotutela, la cual viola
abiertamente el Estado de Derecho, por cuanto de acuerdo al ordenamiento
jurídico chileno el único que posee el uso monopólico de la fuerza para mantener
la paz social es el Estado.
5.-
Nos preocupan igualmente las declaraciones del Ministro de Justicia, Teodoro
Ribera, quien si bien ha señalado que en una sociedad democrática corresponde al
Estado resguardar la integridad física y síquica de las personas, y éste tiene
el monopolio de la fuerza, justifica en situaciones excepcionales, como cuando
alguien se ve apremiado y el auxilio del Estado no puede llevarse a cabo, que
las personas puedan ejercer la autodefensa. Al respecto cabe precisar que si
bien la legítima defensa es un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico
chileno, ésta tiene, entre otros límites, el que ella sea proporcional a la
agresión, y el que se ejerza para defender bienes jurídicos como la vida y la
integridad física, y no otros, como la propiedad.
6.-
Condenamos categóricamente, a su vez, los dichos irresponsables del diputado
Moreira, al sostener que detrás de estos hechos de violencia hay coordinadoras
políticas financiadas por ONG´s internacionales. Instado al diputado Moreira a
hacer públicos los antecedentes de que dispone y que vincularían a ONG´s
internacionales a estos hechos, y si no los tiene, a retractarse de los
mismos.
7.-
Consideramos, finalmente, que la superación del contexto de violencia existente
en la Araucanía y que los últimos hechos evidencian requiere no solo de la
investigación y sanción de hechos de fuerza constitutivos de delitos por parte
de los órganos de justicia, sino también, y sobre todo, de políticas conducentes
a resolver los conflictos por tierras históricos que persisten hasta hoy en esta
parte del país. Para ello, es fundamental que el Estado chileno redoble sus
esfuerzos en la materia, hasta ahora evidentemente insuficientes, teniendo para
ello presente y dando cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia
de derechos humanos de pueblos indígenas, e impulsando políticas efectivas, y en
consulta en este caso con el pueblo mapuche, para darles una solución
duradera.
Observatorio
Ciudadano
Temuco,
4 de julio de 2012.
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